Etica y administración pública*

II Parte

Gregorio Jácome Moreno

La ética se ocupa de lo que es “bueno” o “recto” para la “condición” humana, independientemente de lo que sea acostumbrado, legislado o mayoritariamente asumido por una determinada sociedad. Una acción “recta” es aquella que se puede defender o justificar con coherencia razonable en teorías éticas que incluyen valores, principios, normas o virtudes que ayudan a una comprensión real de lo que es el hombre.

Existe una estrecha relación de la ética con otros campos de estudio que tienen por objeto regular la conducta del hombre como el derecho y la política. El derecho es el cuerpo de regulaciones o leyes y sus principios de aplicación e interpretación de un determinado lugar geográfico e histórico, con sus respectivos agentes de aplicación y medidas coercitivas. En cambio la política corresponde a aquellos criterios y medidas prácticas que los gobiernos deciden aplicar, como son las leyes, las asignaciones o distribuciones de recursos públicos y el seguimiento al proceso de políticas públicas.

La ética gubernamental (aplicada a la administración pública) se refiere a la actitud o conducta de aquellos individuos que ostentan un cargo público dentro de alguna institución gubernamental y cuyas responsabilidades están directamente relacionadas con la conducción, operación y vigilancia de los órganos de gobierno, sin que queden exentos aquellos prestadores de servicios de apoyo.

Esta se vincula también a la ética socio –política porque aún considerando que toda ética es personal, se preocupa de aquellos dilemas suscitados en ámbitos que transcienden a las relaciones interpersonales y tienen lugar en la sociedad o en las instituciones de ésta. La ética de la dinámica política, la ética de los sistemas económicos, de las relaciones laborales o comerciales, la ética de los medios de comunicación de masas, son algunos de los problemas prácticos abordados por esta rama de la filosofía.

Por otra parte existe un código de ética de los servidores públicos de la administración pública federal y estatal, dicho código esta fundamentado en los valores universales del bien común: honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas y respeto a la integridad del individuo.

Por ejemplo en el apartado que se refiere al servicio público el código de ética menciona que: “Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servicio público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.”

Además precisa que: “El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.”*

En otras palabras la ética intenta buscar aquellos criterios universales que eliminen la arbitrariedad de las relaciones humanas y lleven a que el ser humano se desarrolle plenamente todo su potencial.

* Nota: Los entrecomillados pertenecen al Código de Etica Federal y Estatal.

*Artículo publicado en "Crónica de Xalapa", Martes 31 de Agosto 2004

La ética en la administarción pública*

Gregorio Jácome Moreno

Para su estudio, la filosofía se divide en tres disciplinas, estás son la epistemología o teoría del conocimiento; la ontología, encargada de indagar al ser; y la axiología o teoría de los valores. Dentro de esta última los filósofos han ubicado a la ética, como una rama que trata lo relacionado con el comportamiento humano, y que a lo largo de la historia del pensamiento, los filósofos la han conceptualizado desde diferentes puntos de vista.

“…la convicción revolucionaria, y a la vez, tradicionalmente humana de que todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otros, esas razones surgen precisamente de un núcleo no trascendente, sino inmanente al hombre y situado más allá del ámbito que la pura razón cubre; llamo bien a lo que el hombre realmente quiere por que es el camino de la mayor fuerza y del triunfo de la libertad” (Savater: 1998)

Tomando en cuenta esta definición podemos comprender a la ética como la acción del deber ser como posibilidad, que constituye la realización de mis normas y valores. De allí que las dos grandes preguntas de la ética son: “qué puedo hacer”, “que debo hacer” y “qué quiero hacer”. Aquí, no podemos dejar de lado la libertad en la conciencia del individuo para decidir lo que para el es correcto ante una serie de posibilidades. De allí, que es interesante vincular a la ética con la práctica de la administración pública, el funcionario o servidor público a veces no actúa de la manera en que es instruido por atender a sus propias convicciones y valores, sin embargo, aquí aparece la figura de la ética sujeta a la institucionalidad o a los intereses de grupos al interior de la administración.

El interés por este tema surge del hecho de que durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos transcurrido del XXI, la actividad del hombre que desarrolla una función dentro de la administración pública ha sido devaluada o denigrada a calificativos peyorativos asignados por la misma sociedad que evalúa su conducta.

El sentido del hombre es aspirar siempre a la búsqueda del yo, de la originalidad como ser, es decir, lograr constituirse como autodeterminación, en la practica de actos de libertad y de creación. . Tomando en cuenta lo anterior el Gobierno es la instancia adecuada para:

“Instituir una comunidad de sujetos de la que ningún objeto infinito quede por principio excluido, en la que se pacten relaciones de auténtica y explícita reciprocidad y donde a nadie le sea menoscabada ni vedada la realidad de lo posible.” (Savater: 1998)

Es cierto que el Estado necesita de normas que le permitan regularse al interior de sus instituciones, a pesar de ello concluyo que la ética solo se desarrolla en plenitud dentro de la conciencia del individuo, esto es, que la toma de decisiones de discernimiento tienen su origen en el individuo, es él quien decide que es lo correcto y como proceder para conseguirlo conforme al estricto apego a la legalidad, pero sobre todo a la ética que sustenta tales decisiones.

Un servidor público con principios éticos bien cultivados es un agente potencial de cambio, de transformación, multiplicados, podrían formar cuadros de eficiencia y calidad en las áreas de su competencia, pero sobre todo se establecerá un sistema integro que beneficiaría a los ciudadanos, fin y medio del Estado.

Finalmente termino la exposición de con una cita de Aristóteles en donde señala la importancia de la virtud en el servidor público:


“El verdadero hombre de Estado, además, parece que ha de ocuparse de la virtud más que de otra cosa alguna, desde el momento que quiere hacer de sus conciudadanos hombres de bien y obedientes a las leyes…Pero evidentemente la virtud que debemos considerar es la virtud humana, ya que el bien y la felicidad que buscamos son el bien humano y la humana felicidad. Y por virtud humana entendemos no la del cuerpo, sino la del alma, y por felicidad una actividad del alma.” (Aristóteles: Etica 1998)

*Artículo publicado en "Crónica de Xalapa", martes 24 de agosto

Ellas y ellos

Gregorio Jácome Moreno

Son el sexo débil, sin embargo, han brillado más que ellos. Su anatomía no les favorece ante rivales con mucho más fuerza pero la selección femenil mexicana de fútbol ha avanzado a la siguiente ronda en los juegos olímpicos de Atenas. Desde luego, China y Alemania eran las grandes favoritas del grupo, las alemanas son las campeonas del mundo y las chinas el quinto lugar. Con ese estado anímico de fatalismo preestablecido todo mundo auguraba sendas derrotas de las chicas mexicanas. Si bien es cierto que alguna vez hubo un dios argentino gordo y chaparrito que gambeteaba y hacia goles de todo tipo, incluso con la mano, en el fútbol femenil si pesa la fortaleza física, regularmente la potencia de las jugadoras se ve reflejada en el marcador. Las mexicanas suplen sus carencias con orden, humildad y entrega sin complejos. Ahora sigue Brasil, veloces y alegres, contundentes en la definición, jugadoras explosivas. Esperemos en las discípulas de Leonardo Cuellar la esperanza de seguir avanzando.

En cambio ellos (me gusta usar el método comparativo) han sido un fracaso, la prensa se sentía orgullosa cuando empataron con Malí, país con una infraestructura futbolística del tercermundo, con clubes y estadios paupérrimos, y con gente que padece de hambres y golpes de Estado cotidianos. Corea exhibió la apatía de unos jugadores que prefieren hospedarse en lujosos hoteles despreciando la villa olímpica destinada al resto de los atletas. Con Grecia se jugó mejor, pero como siempre, no alcanzó para estar entre los mejores. La verdad es que se esperaba más de esta generación de jugadores, Lavolpe regresara con la cabeza entre las piernas y a punto de firmar su renuncia. Ellos ganan los millones, tan solo Zinha, gana más que toda la selección femenil junta que sobreviven con miserables becas de la CONADE. Ellas casi no reciben promoción, mientras que ellos firman contratos suntuosos con empresas transnacionales. Ellos son jugadores que rara vez terminan una carrera, para ellas el titulo universatario es fundamental para destacar en la vida porque el fútbol “no les deja”. De ellas esperamos todavía el milagro, de ellos, lamentablemente, ya nada.

Municipio y región*

Gregorio Jácome Moreno

Las instancias de gobierno en el México actual han puesto de manifiesto su preocupación por arribar a un ejercicio de auténtico federalismo con un sentido más equitativo de los recursos públicos, y en consecuencia, acompañado de instituciones administrativas descentralizadas. En este contexto, el ideal es que los gobiernos locales cumplan con las funciones y responsabilidades de su competencia, en particular los gobiernos municipales quienes por su naturaleza mantienen un acercamiento más próximo con los ciudadanos.

Para poder precisar con detalle las potencialidades económicas y sociales que un municipio puede llegar a desarrollar, es necesario no olvidar que este no se encuentra aislado, sino que pertenece más que a una entidad federativa a una región geográfica especifica que determina, entre otras cosas: las características naturales del municipio, territorio y clima, la vocación económica, las capacidades culturales de sus habitantes y la forma de elegir a sus representantes.

Es importante para la elaboración de proyectos y ejecución de programas de desarrollo municipal, tomar como dato fundamental si un municipio pertenece a una región urbana, rural, indígena o fronteriza. Así como saber cuáles y de que tipo son las relaciones con los municipios vecinos. Hay que puntualizar que la delimitación regional no precisamente corresponde con la división político –administrativa, ya que muchas veces estás son superadas por la propia dinámica y orientación geográfica de los ayuntamientos, inclusive dándose los casos en una región, por su proximidad, se sienta más identificada con otra entidad federativa que con la que pertenece administrativamente.

Por otra parte, el enfoque regional en la elaboración de políticas públicas es importante retomarlo puesto que involucra a municipios con preferencias políticas antagónicas, sin embargo, comparten necesidades y proyectos comunes, como pudiera ser: a) la promoción de un desarrollo económico sustentable, b) el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, c) la preservación de la identidad cultural y étnica, d) la conservación del patrimonio histórico, e) el suministro de los servicios públicos básicos y f) la promoción de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, consolidando la democracia social en el municipio.

Si bien es cierto que en materia de política social se ha avanzado en la descentralización de los recursos y responsabilidades, como es el uso del ramo 033 destinado a obra pública, aún falta que los gobiernos municipales se vinculen más con la política económica local y estatal a fin de generar fuentes de trabajo abatiendo con ello el desempleo y la migración de mano de obra que sufren las localidades.

En otra ocasión seguiremos analizando la relación entre municipio y región, tema tan extenso que esta ya en los debates acerca de la reforma del Estado y que incluye tres niveles de reflexión: el conceptual, que se refiere a las definiciones e ideas sobre el municipio; el territorial, que identifica las principales macro y micro regiones del país; y las propuestas para el diseño y ejecución de políticas públicas para el desarrollo desde una perspectiva regional.

* Artículo publicado en "Crónica de Xalapa", Martes 17 de agosto, 2004

Locke y la tolerancia*

Gregorio Jácome Moreno

Al inicio de este siglo XXI uno de los retos importantes de las naciones es entender los contenidos de ese proceso universal irrenunciable llamado globalización y sus consecuencias. Esta se ha convertido en una poderosa fuerza de atracción con la necesidad de encontrar concepciones del mundo generalizadas. Sin embargo, subyacen en el presente otras corrientes no menos intensas de oposición a esta tendencia mundial, llámese relativismo cultural, motivos de identidad o pluralidad étnica.

Ambas nociones tiran de un lado y otro de la cuerda, la tensión generado es el estado de angustia e incertidumbre en que vive la humanidad. Solo así se explica la aparición en escena de las repúblicas fragmentadas, los golpes de Estado, economías subalternas, guerras interétnicas. Uno de los problemas es que el hombre a lo largo de toda la historia no ha sabido entender o aceptar sus diferencias cualquiera que estas sean: políticas, religiosas o raciales, lo cual ha ocasionado las más grandes guerras y desordenes sociales vistos hasta ahora.

El filosofo y ensayista inglés John Locke quien indagaba acerca del entendimiento humano, introdujo una palabra que resulta imprescindible para lograr un acercamiento a la manera ideal de cómo debemos entendernos: tolerancia. A Locke le toco vivir la guerra civil de su país, salió huyendo hacia Alemania y se refugio en Holanda, por lo cual en experiencia propia la intolerancia. A pesar de ello, Locke vio como las instituciones republicanas iban poco a poco poniendo fin al poder absoluto de los reyes y de las élites religiosas. Al igual que Descartes Locke afirmaba que el conocimiento del hombre se da a través de los sentidos rechazando ideas innatas en él. Por tanto, el ser humano “tiene propiedad sobre su propia persona”.

Si para Thomas Hobbes lo primero es el Estado para Locke es el individuo, convertido en un referente del liberalismo político, Locke insiste en que el hombre nace libre por definición y todos debemos velar por esa libertad. A la institución que debe preservar los derechos naturales del hombre la denomino “sociedad política”, en donde “cada uno de sus miembros ha abandonando su poder natural confiriéndolo a las manos de la comunidad”. Pero como en toda sociedad plural habrá diferencias es cuando aparece la tolerancia hacia los demás. Libertad y tolerancia, conceptos hermanos que no tienen porque separarse uno del otro.

Posteriormente Locke hace un primer intento por separar las competencias de la sociedad política y la religiosa, para Locke “el Estado es una sociedad constituida para conservar y organizar intereses civiles, como la vida, la libertad, la salud, la protección personal así como la posesión de las cosas exteriores”, pero el Estado no debe intrometerse en “la salvación de las almas”. Locke entiende la religión como un fenómeno individual consistente en “la persuasión de la conciencia, sin la cual nada puede agradar a Dios”.

De lo anterior se retoman tres conclusiones: los derechos naturales que tienen todos los hombres, una institución política organizada para garantizar tales derechos y un Estado acotado por la sociedad civil. Pero sobre todo a Locke lo acompaña una obsesión por la libertad, por el derecho de cada quien a obtener un patrimonio y por una autoridad obligada a cuidar las garantías de los ciudadanos. Los conceptos de Locke serían retomados y perfeccionados por Montesquieu cuya división de poderes constituye la base de la construcción del Estado moderno democrático.

Universalismo y particularismo, globalización y relativismo cultural, son categorías antagónicas y a la vez complementarias en el contexto mundial actual. Reguladas por la tolerancia hacia la diversidad harían de las relaciones del hombre un factor de convivencia entre diferentes culturas con formas distintas de entender al mundo. El pensamiento de John Locke se puede tomar como una instancia indispensable a la cual hay que concurrir para encontrar los canales adecuados de entendimiento y comprensión entre los hombres.

Nota: Los entrecomillados pertenecen al libro Cartas sobre la tolerancia de John Locke, México, Aguilar, 1972.

*Artículo publicado en "Crónica de Xalapa", 10 de Agosto 2004

Participación ciudadana y gobierno local*

Por Gregorio Jácome Moreno

Uno de los temas principales dentro del debate sobre la reforma municipal en México, es sin duda el de la participación ciudadana vista desde su distintas interpretaciones, ésta se ha constituido como una exigencia social para los gobiernos municipales y significa un importante reto para la modernización de la administración pública. A diferencia de la participación social o comunitaria, la participación ciudadana solo se entiende en su intrínseca relación con el Estado al ser este el que le otorga derechos y obligaciones, y se define como aquella en la que los ciudadanos toman parte en los asuntos públicos de gobierno.


En los países desarrollados el ciudadano forma parte activa de los consensos que benefician o perjudican a las mayorías, operan a manera de consejos consultivos que nunca son ignorados por las autoridades inmediatas. Siguiendo estos modelos, en México la agenda de la Reforma Municipal contempla una participación ciudadana vista desde una perspectiva intergubernamental que considere, entre otros tópicos, la planificación del desarrollo, la gestación, implementación y evaluación de políticas públicas locales, así como la fiscalización de los recursos públicos a modo de contraloría social.


La participación ciudadana debe entenderse también como parte imprescindible de los actos de gobierno y no como un evento circunstancial sujeto a la buena voluntad de los funcionarios en turno. Es necesario precisar que no se trata de superar los modelos institucionales de gestión ya existentes, sino de construir, además de estos, espacios en donde confluyan diversos actores sociales que a través de mecanismos bien definidos y regulados, generen propuestas con carácter de interés público con el único fin de contribuir al desarrollo municipal.


El objetivo principal es involucrar al ciudadano en la toma de decisiones públicas, es decir, propiciar su participación directa ante y en los gobiernos locales, pues es precisamente en los Ayuntamientos en donde se determinan muchas de las resoluciones que atañen e inciden en todos, como pueden ser: la prestación eficiente de los servicios públicos, el cuidado en la planeación urbana o autorización de obras prioritarias o la protección zonas naturales, como ríos o áreas verdes, la celebración de convenios con otros ayuntamientos para favorecer la inversión económica. Inclusive el ciudadano común puede generar las instancias que se consideren prudentes para promover una rendición de cuentas transparente en el manejo de los recursos públicos.


Algunos de los esquemas de participación que implican un vínculo cercano entre ciudadanos y autoridades locales son los siguientes: plebiscito, referéndum, consejos de participación ciudadana, consejos de desarrollo local, consejos sectoriales, iniciativa popular, consulta pública, cabildo abierto, contraloría social, etc. De estos, algunos ya se encuentran caracterizados dentro de la normatividad jurídica, otros habrá que conceptualizarlos a fin de que ocupen esta jerarquía, ello contribuiría a alcanzar la democracia directa a la que aspiramos.


Es verdad que los Ayuntamientos cuentan con funcionarios auxiliares que tienen por definición un constante acercamiento con la ciudadanía, estos son: agentes municipales, delegados, jefes de manzana, jueces auxiliares o de paz. Sin embargo, ocurre que en muchos casos la autoridad o representatividad de estos funcionarios es relegada a un segundo plano, tanto por la misma sociedad civil como por los Ayuntamientos, por lo que es necesario devolverles su estatus de participación, incluyéndolos todavía más, en las decisiones trascendentes.


Involucrar al ciudadano común en la toma de decisiones es un lugar frecuente en el discurso de las autoridades locales, en cambio, los mecanismos que regulan esta participación directa aún están por definirse. En tanto, los funcionarios municipales deben de asumir una actitud incluyente sustentada en la confianza y la capacidad del ciudadano para ocupar con responsabilidad tareas de gobierno.

* Artículo publicado en "Crónica de Xalapa", 03 de agosto de 2004

Participación ciudadana y gobierno local*

Por Gregorio Jácome Moreno

Uno de los temas principales dentro del debate sobre la reforma municipal en México, es sin duda el de la participación ciudadana vista desde su distintas interpretaciones, ésta se ha constituido como una exigencia social para los gobiernos municipales y significa un importante reto para la modernización de la administración pública. A diferencia de la participación social o comunitaria, la participación ciudadana solo se entiende en su intrínseca relación con el Estado al ser este el que le otorga derechos y obligaciones, y se define como aquella en la que los ciudadanos toman parte en los asuntos públicos de gobierno.


En los países desarrollados el ciudadano forma parte activa de los consensos que benefician o perjudican a las mayorías, operan a manera de consejos consultivos que nunca son ignorados por las autoridades inmediatas. Siguiendo estos modelos, en México la agenda de la Reforma Municipal contempla una participación ciudadana vista desde una perspectiva intergubernamental que considere, entre otros tópicos, la planificación del desarrollo, la gestación, implementación y evaluación de políticas públicas locales, así como la fiscalización de los recursos públicos a modo de contraloría social.


La participación ciudadana debe entenderse también como parte imprescindible de los actos de gobierno y no como un evento circunstancial sujeto a la buena voluntad de los funcionarios en turno. Es necesario precisar que no se trata de superar los modelos institucionales de gestión ya existentes, sino de construir, además de estos, espacios en donde confluyan diversos actores sociales que a través de mecanismos bien definidos y regulados, generen propuestas con carácter de interés público con el único fin de contribuir al desarrollo municipal.


El objetivo principal es involucrar al ciudadano en la toma de decisiones públicas, es decir, propiciar su participación directa ante y en los gobiernos locales, pues es precisamente en los Ayuntamientos en donde se determinan muchas de las resoluciones que atañen e inciden en todos, como pueden ser: la prestación eficiente de los servicios públicos, el cuidado en la planeación urbana o autorización de obras prioritarias o la protección zonas naturales, como ríos o áreas verdes, la celebración de convenios con otros ayuntamientos para favorecer la inversión económica. Inclusive el ciudadano común puede generar las instancias que se consideren prudentes para promover una rendición de cuentas transparente en el manejo de los recursos públicos.


Algunos de los esquemas de participación que implican un vínculo cercano entre ciudadanos y autoridades locales son los siguientes: plebiscito, referéndum, consejos de participación ciudadana, consejos de desarrollo local, consejos sectoriales, iniciativa popular, consulta pública, cabildo abierto, contraloría social, etc. De estos, algunos ya se encuentran caracterizados dentro de la normatividad jurídica, otros habrá que conceptualizarlos a fin de que ocupen esta jerarquía, ello contribuiría a alcanzar la democracia directa a la que aspiramos.


Es verdad que los Ayuntamientos cuentan con funcionarios auxiliares que tienen por definición un constante acercamiento con la ciudadanía, estos son: agentes municipales, delegados, jefes de manzana, jueces auxiliares o de paz. Sin embargo, ocurre que en muchos casos la autoridad o representatividad de estos funcionarios es relegada a un segundo plano, tanto por la misma sociedad civil como por los Ayuntamientos, por lo que es necesario devolverles su estatus de participación, incluyéndolos todavía más, en las decisiones trascendentes.


Involucrar al ciudadano común en la toma de decisiones es un lugar frecuente en el discurso de las autoridades locales, en cambio, los mecanismos que regulan esta participación directa aún están por definirse. En tanto, los funcionarios municipales deben de asumir una actitud incluyente sustentada en la confianza y la capacidad del ciudadano para ocupar con responsabilidad tareas de gobierno.