Participación ciudadana y gobierno local*

Por Gregorio Jácome Moreno

Uno de los temas principales dentro del debate sobre la reforma municipal en México, es sin duda el de la participación ciudadana vista desde su distintas interpretaciones, ésta se ha constituido como una exigencia social para los gobiernos municipales y significa un importante reto para la modernización de la administración pública. A diferencia de la participación social o comunitaria, la participación ciudadana solo se entiende en su intrínseca relación con el Estado al ser este el que le otorga derechos y obligaciones, y se define como aquella en la que los ciudadanos toman parte en los asuntos públicos de gobierno.


En los países desarrollados el ciudadano forma parte activa de los consensos que benefician o perjudican a las mayorías, operan a manera de consejos consultivos que nunca son ignorados por las autoridades inmediatas. Siguiendo estos modelos, en México la agenda de la Reforma Municipal contempla una participación ciudadana vista desde una perspectiva intergubernamental que considere, entre otros tópicos, la planificación del desarrollo, la gestación, implementación y evaluación de políticas públicas locales, así como la fiscalización de los recursos públicos a modo de contraloría social.


La participación ciudadana debe entenderse también como parte imprescindible de los actos de gobierno y no como un evento circunstancial sujeto a la buena voluntad de los funcionarios en turno. Es necesario precisar que no se trata de superar los modelos institucionales de gestión ya existentes, sino de construir, además de estos, espacios en donde confluyan diversos actores sociales que a través de mecanismos bien definidos y regulados, generen propuestas con carácter de interés público con el único fin de contribuir al desarrollo municipal.


El objetivo principal es involucrar al ciudadano en la toma de decisiones públicas, es decir, propiciar su participación directa ante y en los gobiernos locales, pues es precisamente en los Ayuntamientos en donde se determinan muchas de las resoluciones que atañen e inciden en todos, como pueden ser: la prestación eficiente de los servicios públicos, el cuidado en la planeación urbana o autorización de obras prioritarias o la protección zonas naturales, como ríos o áreas verdes, la celebración de convenios con otros ayuntamientos para favorecer la inversión económica. Inclusive el ciudadano común puede generar las instancias que se consideren prudentes para promover una rendición de cuentas transparente en el manejo de los recursos públicos.


Algunos de los esquemas de participación que implican un vínculo cercano entre ciudadanos y autoridades locales son los siguientes: plebiscito, referéndum, consejos de participación ciudadana, consejos de desarrollo local, consejos sectoriales, iniciativa popular, consulta pública, cabildo abierto, contraloría social, etc. De estos, algunos ya se encuentran caracterizados dentro de la normatividad jurídica, otros habrá que conceptualizarlos a fin de que ocupen esta jerarquía, ello contribuiría a alcanzar la democracia directa a la que aspiramos.


Es verdad que los Ayuntamientos cuentan con funcionarios auxiliares que tienen por definición un constante acercamiento con la ciudadanía, estos son: agentes municipales, delegados, jefes de manzana, jueces auxiliares o de paz. Sin embargo, ocurre que en muchos casos la autoridad o representatividad de estos funcionarios es relegada a un segundo plano, tanto por la misma sociedad civil como por los Ayuntamientos, por lo que es necesario devolverles su estatus de participación, incluyéndolos todavía más, en las decisiones trascendentes.


Involucrar al ciudadano común en la toma de decisiones es un lugar frecuente en el discurso de las autoridades locales, en cambio, los mecanismos que regulan esta participación directa aún están por definirse. En tanto, los funcionarios municipales deben de asumir una actitud incluyente sustentada en la confianza y la capacidad del ciudadano para ocupar con responsabilidad tareas de gobierno.